Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
Actualmente, regiones como Centroamérica y el Caribe funcionan como engranajes activos del negocio de la industria de los juegos de suerte y azar, con un modelo híbrido que combina operación centroamericana, licencias caribeñas y foco comercial en América Latina. Se trata de una arquitectura que mueve miles de millones de dólares anuales en apuestas y juego presencial y online.
Centroamérica como base operativa
Mientras la licencia se genera en el Caribe, la operación suele instalarse en Centroamérica. Panamá y Costa Rica lideran este espacio. El uso habitual del dólar, la infraestructura financiera y un marco legal flexible convierten a estos países en sedes ideales para soporte, pagos, trading deportivo y atención al cliente. Se estima que decenas de operadores internacionales mantienen estructuras parciales o totales en Panamá, desde donde gestionan mercados como México, Colombia, Perú, Chile y Brasil.
En Costa Rica, el modelo es aún más explícito: empresas de betting y casinos online operan para el exterior con estructuras locales que, según estimaciones privadas, generan ingresos operativos por encima de los US$1.500 millones anuales en conjunto. Marcas regionales de apuestas deportivas, con fuerte presencia publicitaria en fútbol latinoamericano, combinan licencias caribeñas con equipos de operación en San José o Ciudad de Panamá.
En ese contexto, El Salvador aparece como uno de los casos más singulares del mapa centroamericano. Con una estrategia de apertura económica marcada por la innovación financiera y la adopción temprana de tecnologías digitales, el país comienza a despertar interés en la industria del juego, especialmente en apuestas online y plataformas orientadas al exterior. Aunque aún carece de un marco regulatorio específico y consolidado para el gaming, su política pro-inversión, el uso extendido de pagos digitales y una creciente conectividad móvil lo posicionan como un territorio en empresas para operadores que buscan nuevas bases operativas en la región.
Recientemente, la Lotería Nacional de Beneficencia salvadoreña obtuvo la certificación internacional ISO 37001 – 2016 Antisoborno, convirtiéndose en la primera Lotería Estatal de Centroamérica y la segunda a nivel mundial en alcanzar este estándar, que ratifica que las compras públicas y el pago de premios se realizan con transparencia, bajo controles alineados a estándares internacionales orientados a la prevención del soborno, fortaleciendo la confianza en la administración de los recursos.
Las licencias caribeñas
La isla de Curazao sigue siendo la pieza central de este escenario. Pese al endurecimiento regulatorio reciente, su licencia continúa siendo una de las más utilizadas en el mundo. Fuentes del sector estiman que más del 60% de los operadores online activos en Latinoamérica trabaja bajo licencias caribeñas, principalmente de Curazao, Antigua y Barbuda y, en crecimiento, Santa Lucía.
Marcas globales y regionales como Stake, 1XBET, Betwinner y múltiples white labels latinoamericanas utilizan esquemas de licenciamiento caribeño para operar en mercados no plenamente regulados. En conjunto, estas plataformas concentran volúmenes de apuestas anuales que superan los US$20.000 millones a nivel global, con una porción creciente proveniente de América Latina. Por supuesto, para las jurisdicciones caribeñas, el negocio es claro: ingresos vía tasas de licenciamiento, renovaciones, servicios regulatorios y estructura legal, con costos operativos relativamente bajos y exposición limitada al riesgo comercial.
El peso de las apuestas deportivas
El motor del esquema es el betting deportivo. Fútbol, básquet y distintas ligas internacionales concentran el mayor volumen. Analistas del sector estiman que entre el 65% y el 75% del GGR de estos operadores proviene de apuestas deportivas, con picos durante eventos mundiales. En Centroamérica, el crecimiento del usuario móvil y el consumo de streaming deportivo aceleraron el volumen de tickets, incluso en países con regulación incompleta. En paralelo, el Caribe capitaliza este crecimiento sin necesidad de mercado interno: la apuesta se hace afuera, la licencia queda adentro.
En ese sentido, el Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA se perfila como un punto de inflexión para el mercado de apuestas deportivas en Centroamérica y el Caribe. La magnitud del torneo atraerá un volumen inédito de tráfico de apuestas y generará un impulso comercial significativo para operadores regionales e internacionales que buscan consolidar o expandir su presencia. Este flujo adicional de actividad no sólo aumentará los ingresos inmediatos en el segmento sports betting, sino que también pondrá a prueba la capacidad de los Estados para monitorear transacciones, regular licencias y asegurar la trazabilidad financiera en un entorno transfronterizo.
En jurisdicciones donde la regulación está fragmentada o en proceso de modernización, el evento organizado por la FIFA actuará como un catalizador de debates políticos sobre la necesidad de establecer marcos más sólidos y competitivos, así como de alcanzar mecanismos eficientes de fiscalización y protección al consumidor.
Riesgos y presión regulatoria
El modelo no está exento de tensiones. La presión internacional en materia de AML, KYC y juego responsable obligó a Curazao y a Antigua a actualizar estándares. Centroamérica, en tanto, enfrenta el desafío de ordenar mercados que ya existen de facto. Panamá busca reforzar controles y Costa Rica debate reformas. Aun así, el esquema sigue siendo atractivo. Para muchos operadores medianos y grandes, el costo de esperar regulaciones plenas en cada país latinoamericano es mayor que el riesgo de operar bajo este formato híbrido.
Por esto, la región es parte estructural del negocio, brindando legalidad exportable que, en parte, explica el crecimiento del juego online en América Latina. Para los operadores, el mensaje es pragmático: quien no entienda este mapa corre el riesgo de llegar tarde y quedar afuera de los redituables ingresos. Para los reguladores, la señal es aún más clara: frente a una escena consolidada, el desafío es imponer controles más estrictos y buscar consensos para alcanzar acuerdos que beneficien tanto a los operadores como a los apostadores.
