Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
En un mercado que crece y se digitaliza a velocidad récord, la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) acaba de enviar una señal inequívoca. La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) del Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo del fiscal Juan Rozas, bajo el comando del secretario de la FEJA, Dr. Rodrigo Branca, obtuvo una sentencia condenatoria contra una persona que operaba un sistema de captación de apuestas clandestinas.
El fallo fue dictado por el juez Ariza Clerici, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, quien impuso una pena de tres años de prisión en suspenso, además de reglas de conducta que incluyen 100 horas de tareas de utilidad pública y la realización obligatoria de un curso orientado a la concientización y prevención de las consecuencias del juego ilegal. No se trata sólo de una sanción formal: la resolución reafirma la aplicación del artículo 301 bis del Código Penal, que reprime a quien explota, administra u organiza sistemas de captación de apuestas sin autorización de la autoridad competente.
Este caso se construyó a partir de un trabajo coordinado e interinstitucional. Desde el inicio, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires cumplió un rol clave: realizó la inspección inicial, formuló la denuncia que dio origen a la investigación y participó activamente en el allanamiento, aportando capacidad técnica y operativa para identificar el funcionamiento del circuito ilícito. Este modelo de articulación entre fiscalía especializada y regulador aparece hoy como una de las herramientas más efectivas frente a estructuras que buscan eludir controles y expandirse mediante mecanismos informales de difusión y cobro.
Desde la FEJA, remarcan que el juego ilegal no puede reducirse a una actividad “informal”. Se trata de sistemas organizados de captación que operan al margen de la ley, incrementan riesgos sociales y, en muchos casos, impactan con especial gravedad en niñas, niños y adolescentes. La investigación se orientó precisamente a acreditar la existencia de esa estructura y la responsabilidad penal de quien la organizaba, con el objetivo de desarticular el circuito y evitar su continuidad.
El fallo se inscribe en una política sostenida del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad: investigar, llevar a juicio y obtener condenas contra quienes operan fuera del marco regulatorio. En paralelo, la Fiscalía recordó una pauta concreta para los usuarios: en Argentina, los sitios habilitados deben operar bajo el dominio “.bet.ar”. Cualquier plataforma que funcione por fuera de ese esquema debe considerarse de riesgo y potencialmente ilegal.
En tiempos donde la expansión del iGaming convive con la proliferación de ofertas clandestinas, la diferencia entre legalidad y marginalidad no es un tecnicismo administrativo. Implica controles, trazabilidad, prevención del lavado de activos, estándares de juego responsable y protección de datos. La sentencia obtenida en la Ciudad de Buenos Aires no sólo castiga una conducta individual: envía una señal clara al mercado. La coordinación institucional, la investigación técnica y las decisiones judiciales efectivas marcan el rumbo de una ofensiva que, al menos en el distrito porteño, dejó de ser declamativa para convertirse en acción concreta.
