Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
Los principales gremios que nuclean a los operadores de juegos de suerte y azar en Colombia expresaron su posición respecto al proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro, que contempla incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las apuestas online.
Si bien el texto definitivo aún no se ha conocido, trascendieron algunos aspectos de la iniciativa que se debatirá en el Parlamento y que contempla gravar a las 15 casas de apuestas en línea autorizadas con un IVA del 19%.
Marco Emilio Hincapié, titular del ente regulador Coljuegos, expresó a G&M News que se encuentran en diálogo con los empresarios del sector para escuchar sus pareceres y analizar las diferentes posturas y el impacto de este impuesto sobre la actividad.
En este artículo, recopilamos las opiniones de Elizabeth Maya Cano, presidenta de la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Cornazar); Evert Montero Cárdenas, presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), y Juan Carlos Restrepo, presidente de la Asociación Colombiana de Operadores de Juegos (Asojuegos).
LA OPINIÓN DE LOS OPERADORES
“El modelo actual de los juegos online en Colombia opera con un retorno promedio a los jugadores del 93%, y esto hace que opten por plataformas legales. El ingreso bruto de los operadores es del 7%, un valor ajustado que permite cubrir los costos de operación, que incluyen, en primer término, el pago de los derechos de explotación, impuesto de renta y demás impuestos locales, además de los altos gastos en tecnología, marketing, publicidad y todo el componente laboral. Si se aplica el IVA, el retorno al jugador disminuiría a un rango del 71% al 75%, lo que empujaría a muchos jugadores a plataformas ilegales o internacionales que no están sujetas a estas cargas fiscales ni a las pautas de juego responsable”, señaló el titular de Asojuegos.
Restrepo también apuntó al impacto legal que la medida podría tener, en caso de ser aprobada, debido a que los contratos de concesión otorgados por el ente reglador se realizaron bajo una ecuación financiera que no contemplaba el IVA. “Alterar estos términos podría llevar a la imposibilidad de que los operadores cumplieran con sus obligaciones contractuales, lo que comprometería la sostenibilidad del sistema regulado”, advirtió.
Por su parte, la titular de Cornazar expresó su preocupación por la idea gubernamental que pretende aumentar en un 100% la base de contribución para los 396 operadores de juegos de suerte y azar localizados en el país.
“Específicamente, en el artículo 13 literal E, que modifica el artículo 420 del Estatuto Tributario, se establece un incremento de manera significativa de dicha base gravable, con una base mensual de 40 Unidades de Valor Tributario UVT por máquina electrónica tragamonedas, de 580 UVT para las mesas de juego, de 6 UVT por cada silla de bingo. Sería una carga tributaria imposible de cumplir, debido a que este tipo de modalidad de juego tiene altos costos operativos para desarrollar dicha actividad económica”, detalla Maya Cano.
En tanto el líder de Fecoljuegos puntualizó que las estimaciones realizadas por el Poder Ejecutivo colombiano no representan los ingresos reales, sino el valor total de apuestas realizadas durante 2023, que alcanzaron los $35,6 billones, mientras que la recaudación de los operadores fue de $2,1 billones.
“El gobierno está proponiendo gravar créditos de juego en participación en lugar de dinero real, porque los créditos en participación no son dinero tangible. No es posible cubrir el monto estimado porque es dinero que no existe como tal”, dijo Montero Cárdenas a G&M News. Al mismo tiempo, remarcó que este tipo de propuesta no tiene antecedente a nivel mundial.
El dirigente explicó que el sector tiene un impuesto único que no se aplica a otros sectores, 15% de ingresos brutos, y que indirectamente paga IVA a través de publicidad, tecnología y ciberseguridad, entre otros ítems.
“Esto tendría un impacto gigante sobre la actividad y fiscalmente para el país, porque podrían perderse 150.000 empleos directos e indirectos, se pondrían en riesgo los aportes de 400 mil millones de pesos para la salud de los colombianos, y las plataformas seguirían operando en otros países fuera de Colombia. La medida es inviable, antitécnica y su efecto sería devastador”, concluyó.
