
Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
El sector del juego en Colombia atraviesa una etapa marcada por la presión fiscal. ¿Cuál es su postura respecto a la anulación por parte de la Corte Suprema del IVA del 19% para las apuestas online?
Con respecto a los decretos legislativos que han incluido nuevos gravámenes para los juegos operados por Internet, Cornazar ha manifestado su total desacuerdo. Las plataformas reguladas vienen trabajando siempre dentro del marco de la legalidad, realizando inversiones significativas para garantizar su permanencia y sostenibilidad en el tiempo. Nuestra postura como gremio ha sido puntual y consistente: respaldamos toda decisión que contribuya a la seguridad jurídica del sector. Sin embargo, las reglas no deben modificarse durante una relación contractual ya establecida. El juego legal debe contar con condiciones claras, estables y coherentes. Gravar los depósitos y, adicionalmente, establecer un impuesto al consumo no sólo genera confusión, sino que pone en riesgo la sostenibilidad de los operadores autorizados y abre espacios para la ilegalidad. Desde Cornazar, reiteramos que el camino debe ser una política fiscal equilibrada, que fortalezca al sector formal, garantice mayores recursos para la salud y no desincentive la operación legal. La industria concesionaria de los juegos de suerte y azar, que aporta importantes recursos a la salud y un gran número de empleos, no puede ser tratada con una carga fiscal sin límites. Gravar sin entender la dinámica del sector termina haciendo abriendo las puertas a la ilegalidad.
¿Cómo se ha dado el proceso de renovación de la Junta Directiva de Cornazar y la incorporación de nuevos actores?
La renovación de la Junta Directiva de Cornazar refleja un equilibrio entre continuidad y fortalecimiento institucional. Algunas personas de la anterior Junta siguen aportando sus conocimientos y experiencia y, a su vez, contamos con nuevos miembros con alta idoneidad que, sin duda, serán importantes aportantes para el gremio. La Junta Directiva se ha caracterizado por ser proactiva y por representar de manera sólida y responsable a la Honorable Asamblea, velando siempre por los intereses del sector. Actualmente, la conforman empresarios de juegos localizados, juegos operados por Internet y proveedores de la industria. Es importante destacar que el presidente de la Junta Directiva, Jhon Mario Giraldo Ramírez, fue reelecto, a partir de su desempeño como un ejecutivo altamente activo y comprometido con la corporación, aportando liderazgo y visión en momentos clave para la industria.
¿Cuáles son algunas de las acciones que realizan para aportar a la lucha contra la ilegalidad?
En la lucha contra la ilegalidad, Cornazar promueve la legalidad en todos los espacios. La difusión de las buenas prácticas permite que esta industria se consolide como una actividad formal, organizada y estructurada. Trabajamos siempre con total disposición para articular esfuerzos con instituciones públicas y privadas que fomenten el cumplimiento, la transparencia y las buenas prácticas, velando por el fortalecimiento de la industria y la mitigación de los riesgos que se puedan generar. La ilegalidad en todas las modalidades de juego es un flagelo que golpea al sector, afecta el equilibrio operativo y desincentiva la operación formal. No va de la mano con la cultura de cumplimiento; por el contrario, debilita las buenas prácticas, afecta la confianza en la industria y limita las oportunidades de crecimiento sostenible. El Estado debe generar condiciones reales, beneficios y garantías que incentiven la migración de los actores informales hacia la legalidad, promoviendo un verdadero equilibrio. Hoy, el operador formal es quien asume las mayores cargas tributarias y operativas, lo que lo ubica en una posición de desventaja frente a la ilegalidad. Asimismo, el Estado debe garantizar a los concesionarios condiciones efectivas de control. La existencia del juego clandestino rompe el equilibrio de la relación contractual, desvirtúa las reglas del juego y deja sin garantías a quienes cumplen con la normatividad. La lucha contra la ilegalidad no es sólo un deber institucional, sino una condición esencial para preservar la confianza y la sostenibilidad del modelo concesionado. La ilegalidad no puede ser una opción; es una amenaza que rompe el equilibrio del sistema: cada peso que pierde el juego legal es un peso que deja de llegar a la salud.
¿Cómo ve la competitividad del sector y la atracción de inversiones en un mercado tan establecido como el colombiano? ¿De qué manera se puede estimular el crecimiento, a poco más de un mes del inicio del Mundial de Fútbol de la FIFA 2026?
Colombia es un mercado maduro y referente en la región, con una industria que ha demostrado crecimiento sostenido, resiliencia y capacidad de adaptación. Los juegos localizados han consolidado un papel fundamental en la legalidad y en los aportes a la salud, representando uno de los principales pilares. Se trata de un mercado empoderado y comprometido con la formalidad. Su operación presencial implica altas cargas, como arriendos, servicios públicos, personal e impuestos. Sin embargo, ha demostrado sostenibilidad. Actualmente, el país cuenta con más de 414 operadores presenciales legales, cerca de 3.700 establecimientos y más de 109.000 máquinas electrónicas tragamonedas autorizadas por Coljuegos. Estos empresarios cumplen rigurosamente con la normatividad de Juego Responsable, así como con los sistemas de prevención de lavado de activos (LA/FT/FPADM). Además, avanzan en iniciativas de disposición final y destrucción de elementos de juego, aportando a la sostenibilidad y economía circular. Por su parte, las 14 plataformas de juegos por Internet autorizadas se han consolidado como referentes de innovación y desarrollo tecnológico. En el marco del Mundial de la FIFA 2026, se abre una oportunidad importante para fortalecer esta modalidad en un entorno regulado y seguro. No obstante, estas plataformas continúan viéndose afectadas por un impuesto al consumo que no se alinea con la naturaleza de la actividad. Se trata de un gravamen que va en contravía de la sostenibilidad y puede favorecer indirectamente la migración hacia la ilegalidad. Para estimular el crecimiento, es fundamental avanzar hacia una mayor estabilidad regulatoria y una política pública coherente que reconozca al juego legal como un aliado estratégico del Estado.
El 13 y 14 de mayo de 2026 se realizará una nueva edición de G&M Eventos Colombia en Bogotá. ¿Qué opina con respecto a la realización de este tipo de encuentros, del cual su entidad formará parte?
Los eventos que se realizan en el sector son de gran importancia, siempre que se desarrollen en beneficio de una industria formal, transparente y comprometida. En Cornazar, le apostamos decididamente a la academia y al networking, entendiendo que estos espacios generan conocimiento y fortalecen los lazos entre los actores, consolidándonos como una gran familia del juego legal. El próximo 13 y 14 de mayo, en Bogotá, tendremos una propuesta muy interesante de formación orientada a fortalecer las capacidades en tecnología, innovación y capacitación. Cornazar ha venido trabajando de manera articulada con aliados estratégicos como G&M News, consolidando espacios que generan valor real, contenidos de alto nivel y contribuyen al crecimiento ordenado del sector. Escenarios como G&M Eventos Colombia permiten dar mayor visibilidad a la industria y afianzan su posicionamiento a nivel nacional e internacional.
¿Cuáles considera que son los principales retos de Cornazar a futuro?
Los principales retos de Cornazar están enfocados en tres grandes ejes. Primero, seguir defendiendo la estabilidad jurídica y regulatoria del sector. Segundo, impulsar el trabajo por la inclusión financiera, abordando de manera prioritaria el fenómeno de de-risking que afecta a los empresarios. La Banca no puede cerrar puertas a un sector que el mismo Estado exige que se bancarice. Para operar bajo concesión, se exige la bancarización; sin embargo, muchos operadores enfrentan barreras para acceder a cuentas y portafolios financieros. Se requiere una articulación efectiva con el sistema financiero para garantizar condiciones reales de acceso. Tercero, robustecer la competitividad y sostenibilidad en un entorno cada vez más exigente. Seguridad y estabilidad jurídica significan mayor confianza para la inversión y fortalecimiento del juego legal como aliado estratégico. Esto debe traducirse en garantías reales para que el empresario pueda crecer, lo que a su vez permite seguir generando empleo y aportes a la salud. La verdadera discusión no es cuánto más gravar al sector, sino cómo garantizar su sostenibilidad. Debemos tener en cuenta que no apoyar al operador legal es, finalmente, propulsar la ilegalidad.







