Por Nahuel Díaz, periodista y colaborador de G&M News.
¿Cuál es el origen y las características de su Asociación?
La Asociación Ecuatoriana de Pronósticos Deportivos (AEPD) nació a finales de 2024 como un espacio gremial para alinear a operadores, proveedores y demás actores del ecosistema bajo tres ejes: representación técnica ante el Estado, adopción de buenas prácticas internacionales y promoción de la formalización integral. Mi designación como presidente es temporal, mientras los propios operadores asuman la conducción del ente colegiado, y la AEPD consolide su papel de interlocutor técnico para acelerar la regulación secundaria, la integridad del mercado y la protección del consumidor. En lo práctico, formalizar implica que tanto los operadores como los proveedores directos -instituciones financieras y agregadores de pago- adopten estándares robustos de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que la infraestructura de pagos garantice trazabilidad e interoperabilidad bajo la normativa ecuatoriana. Este enfoque nos alinea con prácticas regionales ya vigentes en Perú y Colombia para el juego online, y refuerza simultáneamente la protección al usuario, la integridad deportiva y la recaudación estatal.
¿Cómo podría describir la situación del mercado actual de las apuestas en el país?
Aunque existe una regulación tributaria, la brecha regulatoria técnica es la clave. Hoy contamos con reglas fiscales -el Impuesto a la Renta Único del 15% para operadores y la retención sobre premios- y con una Licencia de Operación de Pronósticos Deportivos (LOPD) creada mediante el Decreto Ejecutivo 487, promulgado el 23 de diciembre de 2024. El valor de la licencia es de 655 SBU anuales, equivalente a US$307.850 en 2025, es decir, alrededor de USD 1,5 millón por los cinco años de vigencia. Sin embargo, la normativa secundaria que debe desarrollar ese decreto aún está pendiente de emisión. Esa regulación debe detallar aspectos técnicos cruciales como requisitos y procedimientos de licenciamiento, condiciones de funcionamiento de laboratorios de certificación y estándares de homologación internacional para garantizar integridad, interoperabilidad y juego responsable. En la práctica, hoy los operadores formales tributan y cumplen con las cargas fiscales, mientras que la autoridad cuenta con herramientas tributarias, pero sin el andamiaje técnico completo que permita un control real, transparente y competitivo del mercado.
En ese marco, ¿cuáles son los desafíos que se plantean en un mercado “gris” como el ecuatoriano?
Prefiero llamarlo ‘mercado en transición regulatoria’. Los desafíos son concretos: 1) Certeza jurídica: sin normativa secundaria de la licencia, los operadores responsables conviven con la incertidumbre sobre requisitos técnicos, integridad, publicidad, juego responsable e interoperabilidad con supervisores. El propio aplazamiento oficial del pago de licencia reconoce esa brecha pendiente; 2) Nivelación competitiva: el régimen fiscal está operativo (IR 15%, retenciones), pero la supervisión técnica y de licencias aún no. Eso genera asimetrías entre operadores que cumplen obligaciones tributarias locales y plataformas que operan sin control técnico local; 3) Prevención por lavado de activos y financiamiento al terrorismo: el sector aún no está regulado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE y no se encuentra como sujeto obligado (oficial de cumplimiento, reportes, debida diligencia), y 4) Solvencia económica de los operadores: un elemento clave es asegurar que quienes ingresen al mercado tengan la capacidad financiera real para sostener operaciones responsables, cumplir con sus obligaciones tributarias y honrar los pagos de premios a los jugadores. En este punto, la AEPD está trabajando en un proyecto de ley que recoja estas variables -licenciamiento, laboratorios, homologaciones internacionales y solvencia económica mínima- para que la industria pueda desarrollarse con bases sólidas. Nuestro planteamiento es avanzar hacia un triple balance: protección al usuario (juego responsable y KYC), recaudación efectiva para el Estado y atractividad para la inversión local y extranjera, siempre bajo reglas claras, ejecutables y con estándares internacionales.
¿Qué opinión tiene con respecto a la consulta popular del Gobierno de Daniel Noboa, que planteaba la reapertura de casinos en Ecuador, prohibidos desde 2011?
Existe un hecho reciente: la Corte Constitucional negó la inclusión de la pregunta sobre casinos en la consulta, por falta de claridad y por ser “pregunta compuesta”, entre otros motivos. Debe entenderse que, como contexto histórico, los casinos se prohibieron en 2011 vía consulta popular. Desde entonces, no operan en el país. Para la AEPD, cualquier segmento de juego que se evalúe (online o presencial) debe regirse por responsabilidad social, control técnico y tributación clara. Un eventual retorno de casinos podría generar empleo, inversión y turismo, pero esto debe darse sólo con estándares de juego responsable, transparencia y trazabilidad de flujos, supervisión efectiva y coordinación con UAFE/SRI, y reglas claras que no colisionen con el marco legal vigente.
El 27 de noviembre de 2025 se realizará la primera edición de G&M Eventos Ecuador en la ciudad de Quito. ¿Qué importancia tiene esta clase de eventos?
Son encuentros clave para alinear industria, reguladores, academia, y compartir estándares técnicos, casos latinos de éxito y acelerar la regulación secundaria. Valoramos este espacio de debate, así como el futuro BEST Ecuador 2026 (febrero, Quito), que será una feria comercial y foro de buenas prácticas. Eventos así ayudan al mercado ecuatoriano a salir de la ambigüedad y a convertir el debate en normas aplicables y controles medibles.
